Durante los 16 años previos al retorno del frente sandinista al poder, el partido de ortega se vendió como una oposición garante de las políticas de interés social.
Las protestas por
mantener el 6% a la educación superior, la tarifa de los 2.50 del pasaje de
bus; entre otras demandas, fueron a la larga una inversión a favor del
secretario eterno del actual partido de gobierno.
Ante el desinterés
de los tres gobiernos anteriores al de Ortega y Murillo por mantener las pocas
políticas sociales, la campaña electoral sandinista giró en torno a la
reivindicación del bien común.
Para muchos exsimpatizantes
del fsln, el partido de ortega era una cosa totalmente distinta de oposición a
como lo es en el poder. Aquellos aparentemente fervientes cuestionamientos al
sistema neoliberal que desde el gobierno de Violeta Barrios se pretendía
instaurar en el Estado, quedaron en las crónicas de un pasado inverosímil ante
el contraste de un autócrata que ha enriquecido ilícitamente a su cúpula a
costa de una población sumida en una miseria descomunal.
Desde enero de
2007, ortega puso como prioridad en su agenda la promesa que le hizo a la
oligarquía nicaragüense de trabajar en conjunto, lo cual se traduce en
enriquecerse conjuntamente utilizando los mecanismos de Estado.
A partir de
entonces, las inversiones estatales fueron orientadas a la satisfacción financiera
de la ahora élite económica conformada por la cúpula sandinista y la burguesía
tradicional.
Aquello que debía
estar controlado por el Estado, fue delegado a manos privadas. Un ejemplo de
ello es el suministro de medicamentos al INSS, donde el proveedor principal es
el laboratorio Ramos, empresa señalada de pertenecer a Gustavo Porras.
Dentro de la
inmensísima lista de transacciones turbias del Estado con el capital privado,
está el monopolio del Banco de la Producción (Banpro) en la recaudación y
administración de pagos al Estado, las constructoras a cargo de las obras
públicas: parques, carreteras, pasos a desnivel, etc.
Cabe destacar, que
los acuerdos entre el régimen Ortega-Murillo y socios han sido en violación a
la ley 737: Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público. Un punto
medular en estos acuerdos fraudulentos ha sido la carencia de licitaciones
públicas.
Esto ha permitido
a las empresas contratadas inflar los cobros y no responder por la mala calidad
de los servicios prestados, dejando a merced de sus fechorías a una población
carente de un Estado que vele por su ciudadanía.
Desgraciadamente, el fortalecimiento del modelo neoliberal en el país ha
incidido en las proyecciones individuales de la juventud. Tanto así, que las carreras
más cotizadas son las económicas y algunas ingenierías. Esto obedece a la idea
de que tales profesiones prometen una mayor competitividad en un mundo laboral
cada vez más demandante, dejando a un lado las carreras de humanidades.
Otro rasgo despiadado de la dictadura ha sido la obediencia que ésta le
ha tenido a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, las cuales
se refieren al recorte estatal del gasto social. Dichas recomendaciones han
sido aplicadas especialmente a sectores como la educación y la salud pública.
Ni qué decir acerca de la difícil realidad de los asalariados, donde las
empresas gozan de impunidad si de violar los derechos laborales se trata, donde
el derecho constitucional de formar o adherirse a sindicatos está vetado y en
el cual hay plena complicidad estatal con los atropellos que maquilas contemporáneas
como los call centers cometen contra sus trabajadores.
Tampoco podemos pasar por alto el más reciente golpe de la dictadura cometido contra la población: la cuasi privatización del agua, un Bien que hasta ahora estuvo administrado por el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), pero que ahora pasará a manos de la “autoridad nacional del agua”, una entidad con una trayectoria de cuestionamientos. Se prevé que esta sea la ruta para la privatización del suministro del vital líquido.
La lista de casos en que el modelo neoliberal del régimen Ortega-Murillo
ha sido instaurado y fortalecido día a día, es demasiado extensa para detallarla
en este blog, pero es indudable que el Estado en la última década ha delegado
sus funciones a entidades privadas que son lucrativas y corruptas como CARUNA,
ALBANISA, etc.
