Ortega-Murillo buscando a quién responsabilizar por su calamidad

Tomada de: https://100noticias.com.ni/nacionales/104407-daniel-ortega-consuma-confiscacion-a-100-noticias/

Desde la vergonzosa época de los años 80, el país no había vivido la pesadilla del irrespeto a la propiedad privada, donde el Estado actuando como testaferro de la élite gobernante, despojaba a su antojo a quienes quería de sus bienes hasta consolidar el robo con la famosa piñata de 1990.

En la actual coyuntura, queda evidenciada la vulnerabilidad del patrimonio de quienes habitan en Nicaragua. Violando la legislación nacional y los Instrumentos Jurídicos internacionales de los cuales el Estado de Nicaragua es parte. A partir del 2018, la familia Ortega Murillo ha venido emprendiendo una descarada usurpación de la propiedad privada a través de los aparatos de un Estado controlado absolutamente por el frente sandinista. 

No serán suficientes las veces que haya que recordar cómo el régimen, sin ningún asidero legal, confiscó sin reparo alguno las instalaciones de 100% Noticias; Confidencial; CISAS; el CENIDH y Popolna.

El más reciente arrebato de la tiranía ha sido la declaración de que dichas instalaciones ahora son propiedad del Estado y están asignadas al ministerio de salud. Este acto aparentemente surge como respuesta a la inclusión de tres operados orteguistas, siendo dos de ellos fichas claves del FSLN para desmontar la institucionalidad estatal: el designado diputado Wálmaro Gutiérrez y el perpetuo magistrado de la Corte Suprema, Marvin Aguilar.

En este sentido, es válido plantearse ¿Por qué todas las instalaciones robadas o al menos las más sonadas, están ahora adjudicadas al MINSA? ¿Qué pretende la pareja dictatorial con esto?

Ante el mal cálculo político que dicha pareja ha demostrado tener ante los acontecimientos devenidos de la insurrección de abril, no hay que descartar la posibilidad que el régimen busca una repercusión internacional que recaiga sobre dicho ministerio. Esto podría acarrear un empeoramiento en la ya precaria atención pública de la salud.

Probablemente, la pareja apuesta a la demagogia usada por el régimen castrista y de Venezuela, donde el Estado no provee la atención debida, inclusive para pacientes con enfermedades crónicas y terminales, debido al “bloqueo y sanciones” aplicadas a dictaduras que no cesan de trillar sus discursos anacrónicos de la guerra fría, pues es el único recurso con el que creen poder justificar su incapacidad de gobernar.  

De ser cierto, la población que no puede costearse por sus medios la atención en salud sería el chivo expiatorio de este plan macabro al que el orteguismo ha demostrado estar dispuesto, dado su insaciable afán de mantener el poder y el desprecio que tiene sobre las y los nicaragüenses.

Aunque el camino hacia la salida de la dictadura se vea desalentador, toca continuar resistiendo desde los espacios posibles; presionando en las medidas alcanzables por el rechazo internacional hacia un desgobierno verdugo de su propio país.

Ni rojos con mancha ni liberales que votan en plancha

 

Imagen tomada de: https://radio-corporacion.com/blog/archivos/72567/miguel-rosales-pide-a-arnoldo-aleman-renunciar-al-plc/

Este año ha representado una fracción dentro de las estructuras del partido denominado liberal, el cual se autodefine como opositor al régimen Ortega Murillo. De los dos bandos que se disputan la titularidad de dicho partido, están quienes aparentemente quieren encausarlo hacía prácticas democráticas, aduciendo que quieren romper con el caudillismo de Alemán a quienes dicen desconocer como líder. Por el otro lado, están aquellos leales al expresidente y caudillo, quienes rechazan cualquier intento de transformación de liderazgo interno. Esta fricción parece ser la más notoria que ha tenido el partido rojo "sin mancha".

Hace dos días, la exdiputada María Fernanda Flores fue desaforada de su cargo y removida de su inmunidad de legisladora. La acción ha sido cuestionada por algunos, figurando entre éstos, ciertos integrantes del PLC en la Coalición Nacional, pero ¿Se puede argumentar legitimidad o no sobre un cargo que carece de la misma? Cabe recordar que quienes están sentados en la nominal asamblea, lo "lograron" gracias a las elecciones del 2016, misma que tuvieron más de 70% de abstención, donde no hubo observación real, cargada de irregularidades como muertos que votaron; personas que marcaron boletas más de una vez y que incluso llegaron a votar en diferentes padrones. 

Todo ello, sin mencionar que los pseudo comicios fueron autorizados, aunque Ortega estuviese inhibido por la Constitución para reelegirse y que encima de ello, llevó de formula a su cónyuge, algo sin precedentes aun en la antidemocrática historia nicaragüense. Haber participado y lucrado de semejante aberración electoral, convierte en cooperador(a) a cualquier candidatura. 

Imagen tomada de: https://www.lamesaredonda.net/maria-fernanda-flores-senala-a-osuna-de-ser-aliada-del-fsln-y-entregar-el-plc-al-orteguismo/ 

Efectivamente, el procedimiento para desaforar a la señora Flores fue ilegítimo, pero porque todo el conjunto de diputados y diputadas que componen el llamado parlamento también lo es, ya que no fueron puestos por voluntad popular. Están en sus asientos porque el matrimonio dictatorial así lo quiso. Hay unas pírricas bancadas autodenominadas opositoras que el régimen las necesita en el Legislativo para mostrar pluralismo en ese Poder del Estado. 

La señora Flores no fue la excepción: defendió a capa y espada su cargo a sabiendas de todo el país que lo obtuvo por dedazo y que sus prebendas le costaron a Nicaragua el retorno de ortega al poder. Ella junto a su esposo pretenden descaradamente mostrarse como opositores y ahora perseguidos políticos mientras utilizan los medios represivos y corruptos del régimen para garantizarse una buena y mal habida vida. Un ejemplo claro de ello fue el día que los trabajadores del PLC, quienes demandan el pago atrasado de sus salarios, amenazaron con ir a la fundación que lleva el nombre del caudillo liberal. Pues el día previsto para el plantón, amanecieron en las afueras del edificio agentes de la DOEP, brazo de la policía orteguista que tiene como única función repeler, amenazar y atacar manifestaciones antigubernamentales. 

Recientemente, Flores dijo que va a recurrir por tal acto, pues sostienen que fue ilegal. Con esto sigue asumiendo una institucionalidad inexistente ¿Ante quiénes va a ir? ¿Ante un Poder Judicial abiertamente al servicio de Ortega? ¿A una Corte Suprema dividida en bancadas gracias a los pactos?

La remoción de la ahora exdiputada fue inesperada para el público y deja varias ideas qué pensar. Las más probables es que quizás a Alemán ya no le queda nada que ofrecerle a su antiguo socio y que es posible que el frente sandinista esté detrás de la fragmentación del PLC. Lo cierto es que ni la diputada Osuna ni el diputado Rosales han renunciado a su sociedad con la dictadura, siguen compartiendo espacio con los operadores directos del FSLN en la Asamblea y esta vez votaron en plancha con los mismos lo cual hace creer que el partido liberal seguirá siendo un lastre, tome en sus estructuras el bando que tome.

 

El eterno Estado ausente.

En menos de un mes, la Costa Atlántica está viviendo bajo los estragos que dejan a sus pasos dos huracanes, el segundo más fuerte que el primero. Si bien, esta región del territorio nicaragüense es la más extensa y rica en biodiversidad y áreas boscosas, desde hace más de una década viene viviendo el drama de enfrentarse a una política depredadora, orientada al exterminio de sus recursos naturales y sus comunidades autóctonas. Una catástrofe similar a la que ha estado sufriendo la Amazonía sin recibir el debido enfoque.  

Debido a su ubicación, la Costa Atlántica ha sido de interés político para cualquier gobierno del país, a pesar de sufrir el abandono de todos éstos, sin mencionar que la peor parte se la han llevado durante los años ochenta y después del retorno de Ortega al poder.

Constitucionalmente, tanto la RAAN como la RAAS gozan de autonomía política, la cual les permite establecer sus propias administraciones territoriales. Sin embargo, en los últimos trece años, tal reconocimiento constitucional ha sido transgredido por el frente sandinista, usurpando las municipalidades de las principales ciudades costeñas, despojando a los líderes comunitarios de sus potestades, así como arrebatando el patrimonio de las poblaciones indígenas. Todo ello sin mencionar la interminable cifra de pobladores asesinados a manos del ejército, la policía y pobladores advenedizos que operan bajo el mando del frente sandinista y la impunidad que su partido les garantiza.

Como si fuera poco, a la dictadura Ortega Murillo, no le ha faltado descaro y perversidad para aprovechar la tragedia, utilizando a los damnificados con fines propagandísticos. Socavando una vez más la integridad de las víctimas del desastre natural.

Dada la ausencia de un Estado que garantice la recuperación de las familias afectadas, la población ha venido emprendiendo campañas de colectas de insumos. Queda ahora esperar que la pareja dictatorial desista de politizar e impedir las labores humanitarias, aunque el deseo parezca utópico.