Ni rojos con mancha ni liberales que votan en plancha

 

Imagen tomada de: https://radio-corporacion.com/blog/archivos/72567/miguel-rosales-pide-a-arnoldo-aleman-renunciar-al-plc/

Este año ha representado una fracción dentro de las estructuras del partido denominado liberal, el cual se autodefine como opositor al régimen Ortega Murillo. De los dos bandos que se disputan la titularidad de dicho partido, están quienes aparentemente quieren encausarlo hacía prácticas democráticas, aduciendo que quieren romper con el caudillismo de Alemán a quienes dicen desconocer como líder. Por el otro lado, están aquellos leales al expresidente y caudillo, quienes rechazan cualquier intento de transformación de liderazgo interno. Esta fricción parece ser la más notoria que ha tenido el partido rojo "sin mancha".

Hace dos días, la exdiputada María Fernanda Flores fue desaforada de su cargo y removida de su inmunidad de legisladora. La acción ha sido cuestionada por algunos, figurando entre éstos, ciertos integrantes del PLC en la Coalición Nacional, pero ¿Se puede argumentar legitimidad o no sobre un cargo que carece de la misma? Cabe recordar que quienes están sentados en la nominal asamblea, lo "lograron" gracias a las elecciones del 2016, misma que tuvieron más de 70% de abstención, donde no hubo observación real, cargada de irregularidades como muertos que votaron; personas que marcaron boletas más de una vez y que incluso llegaron a votar en diferentes padrones. 

Todo ello, sin mencionar que los pseudo comicios fueron autorizados, aunque Ortega estuviese inhibido por la Constitución para reelegirse y que encima de ello, llevó de formula a su cónyuge, algo sin precedentes aun en la antidemocrática historia nicaragüense. Haber participado y lucrado de semejante aberración electoral, convierte en cooperador(a) a cualquier candidatura. 

Imagen tomada de: https://www.lamesaredonda.net/maria-fernanda-flores-senala-a-osuna-de-ser-aliada-del-fsln-y-entregar-el-plc-al-orteguismo/ 

Efectivamente, el procedimiento para desaforar a la señora Flores fue ilegítimo, pero porque todo el conjunto de diputados y diputadas que componen el llamado parlamento también lo es, ya que no fueron puestos por voluntad popular. Están en sus asientos porque el matrimonio dictatorial así lo quiso. Hay unas pírricas bancadas autodenominadas opositoras que el régimen las necesita en el Legislativo para mostrar pluralismo en ese Poder del Estado. 

La señora Flores no fue la excepción: defendió a capa y espada su cargo a sabiendas de todo el país que lo obtuvo por dedazo y que sus prebendas le costaron a Nicaragua el retorno de ortega al poder. Ella junto a su esposo pretenden descaradamente mostrarse como opositores y ahora perseguidos políticos mientras utilizan los medios represivos y corruptos del régimen para garantizarse una buena y mal habida vida. Un ejemplo claro de ello fue el día que los trabajadores del PLC, quienes demandan el pago atrasado de sus salarios, amenazaron con ir a la fundación que lleva el nombre del caudillo liberal. Pues el día previsto para el plantón, amanecieron en las afueras del edificio agentes de la DOEP, brazo de la policía orteguista que tiene como única función repeler, amenazar y atacar manifestaciones antigubernamentales. 

Recientemente, Flores dijo que va a recurrir por tal acto, pues sostienen que fue ilegal. Con esto sigue asumiendo una institucionalidad inexistente ¿Ante quiénes va a ir? ¿Ante un Poder Judicial abiertamente al servicio de Ortega? ¿A una Corte Suprema dividida en bancadas gracias a los pactos?

La remoción de la ahora exdiputada fue inesperada para el público y deja varias ideas qué pensar. Las más probables es que quizás a Alemán ya no le queda nada que ofrecerle a su antiguo socio y que es posible que el frente sandinista esté detrás de la fragmentación del PLC. Lo cierto es que ni la diputada Osuna ni el diputado Rosales han renunciado a su sociedad con la dictadura, siguen compartiendo espacio con los operadores directos del FSLN en la Asamblea y esta vez votaron en plancha con los mismos lo cual hace creer que el partido liberal seguirá siendo un lastre, tome en sus estructuras el bando que tome.

 

La niñez desalojada en Nicaragua

Imagen tomada de: https://www.laprensa.com.ni/2016/06/15/nacionales/2052110-trabajo-infantil-sigue-siendo-una-pesadilla-nicaragua

Cuando el Estado abandona su obligación de garantizar la satisfacción de los derechos consagrados en la Constitución, las iniciativas son tomadas por la sociedad civil. Tal es el caso del desarrollo integral de la niñez y adolescencia, un tema al que la dictadura Ortega Murillo ha vuelto la cara hacia otro lado. 

Hay situaciones en que la realidad es tan palpable, que los datos numéricos vienen a ser una mera formalidad. Tal es el caso del aumento de niñas; niños y adolescentes en las calles pidiendo, limpiando vidrios en los semáforos; haciendo acrobacias; entre otras formas de explotación que comprometen su integridad física y sano desarrollo. 

Aún con los esfuerzos de los pocos albergues del país en resguardar a este sector vulnerable de la población, el número de niños y adolescentes en las calles ha venido ascendiendo drásticamente en la última década.

En un país tan empobrecido como Nicaragua, la manutención de albergues y centros de acogida ha venido de fondos de la cooperación internacional, en su mayoría y otra parte de la voluntad privada de la sociedad. Esto viene a reafirmar la negativa gubernamental en responsabilizarse al respecto.

En ciertos países como los Estados Unidos, el Estado designa un presupuesto a los centros de acogida, ya que la responsabilidad tutelar de menores en desamparo es delegada a entidades privadas. En Nicaragua, además de que el Estado se ha desobligado en absoluto al respecto, el nominal ministerio de la familia se encarga de ejercer las tres funciones delegadas por el frente sandinista: ser un brazo represor más; garantizar prebendas a su estructura burocrática y adornar altares y nacimientos en diciembre.

En el último trimestre, la ofensiva contra las ONG se ha intensificado, donde en el último mes el blanco son los albergues infantojuveniles. Los ataques hacia estas entidades han sido bajo el argumento del retorno de los beneficiarios a sus hogares.

Sin duda, la razón de la clausura por parte de la dictadura hacia los centros no tiene ni pie ni cabeza (aparentemente), lo cual deja mucho qué pensar respecto al impacto que esto va a generar. Al respecto, conviene recordar que encima de la crisis sociopolítica; la pandemia del COVID-19 y los desastres naturales, el país se está enfrentando a una ola de desapariciones de niñas y mujeres. Esto deja qué pensar acerca del futuro de las personas que quedarán fuera de la protección de los centros. Por un lado, las víctimas, volverán al entorno de violencia y abuso de donde habían logrado salir; volverán a la calle, expuestas los riesgos que ésta acarrea para una persona menor de edad: drogas; delincuencia juvenil y explotación sexual.

Por tanto, armando las piezas de este trágico rompecabezas, se encuentran dos supuestos que van de la mano: aumento en el número de desapariciones y mayor número de niños; niñas y adolescentes en la calle producto de los mencionados cierres. Deliberadamente o no, la situación va a representar el panorama más favorecedor para las redes de trata de personas. Este contexto, sumado a la ausencia de una autoridad que prevenga y persiga al crimen, hacen la combinación ideal para que las organizaciones criminales tengan luz verde.

Maternidad correctiva, la paga por un embarazo no deseado.

En una sociedad hundida en la hipocresía conservadora, donde el patriarcado es el que dicta los modos de convivencia, cualquier forma que se le resista es merecedora de flagelo. Bajo esta dinámica son las mujeres quienes se llevan la peor parte. 

En Nicaragua, la sexualidad femenina no ha dejado de ser un tabú, tanto así que, por poner un ejemplo, hoy por hoy en los hogares religiosos (que representan una grandísima parte de la población), las adolescentes son obligadas a casarse si salen embarazadas. 

Por un lado, tenemos una política de Estado reacia a crear mecanismos de acceso a la educación sexual en jóvenes y por el otro, la decisión de interrumpir un embarazo no es una opción, independientemente de las razones que hayan de por medio. Incluso si es un hecho que el parto le va a costar la vida a la mujer.

Las embarazadas contra su voluntad cargan con el peso de una familia y una sociedad que las obliga a parir. En este punto es donde se dilucida más el reproche cultural a la libre disposición de la sexualidad femenina, donde la expresión más común viene siendo “para que andan de calientes, ahora que carguen con las consecuencias”, evidenciando la plena carga de la responsabilidad sexual sobre la mujer.

Realmente, esta idea de la maternidad correctiva es perversa tanto para la madre como para la criatura, pues por una parte obliga a un ser humano a culminar un embarazo; a parir y a criar, mientras que por el otro está instrumentalizando a una persona que es nacida por el mero propósito de servir de “escarmiento”.

Como es bien sabido, la presión ejercida sobre la maternidad correctiva tiene una vigencia durante la gestación y una vez que ésta culmina, el bebé queda a la deriva, llegando hasta allí el “interés” por el cual la sociedad mojigata y los grupos conservadores se rasgan las vestiduras.

Quienes sostienes tales ideas, hablan de la posibilidad de dar en adopción al infante, lo cual es otra falacia, puesto que la mujer que no cumple con el mandato de crianza pagará un alto costo ante una cultura misógina.

Alrededor de la maternidad correctiva, se han venido impulsando fuertes campañas promovidas por sectores de extrema de derecha inspirados en la Iglesia Católica. Detrás están los sectores reaccionarios que pretenden reinstaurar regímenes fascistas que por sus formas violentas de hacer política, pretenden coartar al extremo la libre disposición sobre las conciencias y los cuerpos de los individuos.

Por otra parte, resulta paradójico que la Iglesia Católica en nombre de la niñez y la vida, promueva campañas que en el fondo van orientadas a impedir que las mujeres decidan sobre sus cuerpos. Cabe recordar, que dicha Iglesia es recurrentemente señalada de cobijar a pederastas que bajo figuras de autoridad espiritual y religiosa ejercen crímenes sexuales contra la niñez.

En este sentido, se puede observar la pobre evolución que han tenido los Estados occidentales en lo que a laicidad respecta. No es posible que los delitos cometidos por curas; cardenales y demás ministros religiosos sigan tratados por el fuero canónico y no sean juzgados como a delitos de su naturaleza. Esto no es otra cosa más que impunidad.

Mientras la Religión siga legislando en países como Nicaragua, la desigualdad va a continuar imperando, llevándose siempre la peor parte los grupos socialmente oprimidos y discriminados, siendo las mujeres y las niñas parte de éstos. De igual modo, mientras la sociedad nicaragüense siga insensible ante la tragedia de los embarazos infantiles y las muertes por abortos clandestinos, a la vez que normaliza la violencia sexual, el país va a seguir siendo un infierno para las mujeres pobres y rurales.

 
 

Catorce años de radicalización neoliberal

Durante los 16 años previos al retorno del frente sandinista al poder, el partido de ortega se vendió como una oposición garante de las políticas de interés social. 

Las protestas por mantener el 6% a la educación superior, la tarifa de los 2.50 del pasaje de bus; entre otras demandas, fueron a la larga una inversión a favor del secretario eterno del actual partido de gobierno. 

Ante el desinterés de los tres gobiernos anteriores al de Ortega y Murillo por mantener las pocas políticas sociales, la campaña electoral sandinista giró en torno a la reivindicación del bien común.

Para muchos exsimpatizantes del fsln, el partido de ortega era una cosa totalmente distinta de oposición a como lo es en el poder. Aquellos aparentemente fervientes cuestionamientos al sistema neoliberal que desde el gobierno de Violeta Barrios se pretendía instaurar en el Estado, quedaron en las crónicas de un pasado inverosímil ante el contraste de un autócrata que ha enriquecido ilícitamente a su cúpula a costa de una población sumida en una miseria descomunal. 

Desde enero de 2007, ortega puso como prioridad en su agenda la promesa que le hizo a la oligarquía nicaragüense de trabajar en conjunto, lo cual se traduce en enriquecerse conjuntamente utilizando los mecanismos de Estado.

A partir de entonces, las inversiones estatales fueron orientadas a la satisfacción financiera de la ahora élite económica conformada por la cúpula sandinista y la burguesía tradicional. 

Aquello que debía estar controlado por el Estado, fue delegado a manos privadas. Un ejemplo de ello es el suministro de medicamentos al INSS, donde el proveedor principal es el laboratorio Ramos, empresa señalada de pertenecer a Gustavo Porras.

Dentro de la inmensísima lista de transacciones turbias del Estado con el capital privado, está el monopolio del Banco de la Producción (Banpro) en la recaudación y administración de pagos al Estado, las constructoras a cargo de las obras públicas: parques, carreteras, pasos a desnivel, etc.

Cabe destacar, que los acuerdos entre el régimen Ortega-Murillo y socios han sido en violación a la ley 737: Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público. Un punto medular en estos acuerdos fraudulentos ha sido la carencia de licitaciones públicas. 

Esto ha permitido a las empresas contratadas inflar los cobros y no responder por la mala calidad de los servicios prestados, dejando a merced de sus fechorías a una población carente de un Estado que vele por su ciudadanía. 

Desgraciadamente, el fortalecimiento del modelo neoliberal en el país ha incidido en las proyecciones individuales de la juventud. Tanto así, que las carreras más cotizadas son las económicas y algunas ingenierías. Esto obedece a la idea de que tales profesiones prometen una mayor competitividad en un mundo laboral cada vez más demandante, dejando a un lado las carreras de humanidades.

Otro rasgo despiadado de la dictadura ha sido la obediencia que ésta le ha tenido a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, las cuales se refieren al recorte estatal del gasto social. Dichas recomendaciones han sido aplicadas especialmente a sectores como la educación y la salud pública.

Ni qué decir acerca de la difícil realidad de los asalariados, donde las empresas gozan de impunidad si de violar los derechos laborales se trata, donde el derecho constitucional de formar o adherirse a sindicatos está vetado y en el cual hay plena complicidad estatal con los atropellos que maquilas contemporáneas como los call centers cometen contra sus trabajadores.

Tampoco podemos pasar por alto el más reciente golpe de la dictadura cometido contra la población: la cuasi privatización del agua, un Bien que hasta ahora estuvo administrado por el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), pero que ahora pasará a manos de la “autoridad nacional del agua”, una entidad con una trayectoria de cuestionamientos. Se prevé que esta sea la ruta para la privatización del suministro del vital líquido.

La lista de casos en que el modelo neoliberal del régimen Ortega-Murillo ha sido instaurado y fortalecido día a día, es demasiado extensa para detallarla en este blog, pero es indudable que el Estado en la última década ha delegado sus funciones a entidades privadas que son lucrativas y corruptas como CARUNA, ALBANISA, etc. 

El eterno Estado ausente.

En menos de un mes, la Costa Atlántica está viviendo bajo los estragos que dejan a sus pasos dos huracanes, el segundo más fuerte que el primero. Si bien, esta región del territorio nicaragüense es la más extensa y rica en biodiversidad y áreas boscosas, desde hace más de una década viene viviendo el drama de enfrentarse a una política depredadora, orientada al exterminio de sus recursos naturales y sus comunidades autóctonas. Una catástrofe similar a la que ha estado sufriendo la Amazonía sin recibir el debido enfoque.  

Debido a su ubicación, la Costa Atlántica ha sido de interés político para cualquier gobierno del país, a pesar de sufrir el abandono de todos éstos, sin mencionar que la peor parte se la han llevado durante los años ochenta y después del retorno de Ortega al poder.

Constitucionalmente, tanto la RAAN como la RAAS gozan de autonomía política, la cual les permite establecer sus propias administraciones territoriales. Sin embargo, en los últimos trece años, tal reconocimiento constitucional ha sido transgredido por el frente sandinista, usurpando las municipalidades de las principales ciudades costeñas, despojando a los líderes comunitarios de sus potestades, así como arrebatando el patrimonio de las poblaciones indígenas. Todo ello sin mencionar la interminable cifra de pobladores asesinados a manos del ejército, la policía y pobladores advenedizos que operan bajo el mando del frente sandinista y la impunidad que su partido les garantiza.

Como si fuera poco, a la dictadura Ortega Murillo, no le ha faltado descaro y perversidad para aprovechar la tragedia, utilizando a los damnificados con fines propagandísticos. Socavando una vez más la integridad de las víctimas del desastre natural.

Dada la ausencia de un Estado que garantice la recuperación de las familias afectadas, la población ha venido emprendiendo campañas de colectas de insumos. Queda ahora esperar que la pareja dictatorial desista de politizar e impedir las labores humanitarias, aunque el deseo parezca utópico.

Las elecciones presidenciales en EEUU: una contienda que nos interesa.

Más allá de cómo esté configurada la estructura política de cada país, lo que derive de ésta, será determinante en mayor; menor o nula medida de acuerdo al peso que ese Estado tenga en la geopolítica. 

Al referirnos a ese peso, indudablemente se nos viene a la cabeza la potencia económica y militar más fuerte del planeta, esa misma que controla la divisa de referencia. Es por tanto trascendental las decisiones que allí se tomen de cara a instituciones y entidades vinculantes con política exterior.

Inexplicablemente, muchos latinos incluyendo aquellos de la diáspora nicaragüense en el norte, han venido apoyando la segunda candidatura de Donald Trump, obviando que éste mantiene firmemente su posición supremacista y despectiva hacía las minorías estadounidenses. Algunos azul y blanco afirman que su apoyo radica en que Trump ha apoyado la lucha contra la dictadura de Ortega y Murillo.

Dicha afirmación pone al mandatario norteamericano en una posición heroica ante los nicas desesperados en salir de la pesadilla ormu y a la vez lo hacen ver como el gran defensor de la democracia, obviando el hecho de que ha puesto en práctica el nepotismo entre otras conductas muy propias de las dictaduras vigentes.

El lado más perverso y desalentador de la administración Trump ha sido la forma en que se ha erigido como el ahora líder de un buen número de hispanos. Sin importar el hecho de que siga sosteniendo sus discursos de odio; su falta de ética; su cuestionable moralidad; su patanería; su incapacidad de gobernar y el nulo profesionalismo para poner en alto su cargo, ha bastado con invocar la biblia y decirse “provida” para ganarse la simpatía de una vasta manada de latinos adentro y fuera de EE. UU., pasando por alto que la estadía de muchos de los mismos dentro del territorio estadounidense es incierta y que levantar tal liderazgo les puede costar muy caro, de mantenerse este tipo por un período más en el poder.

Ni qué decir de la institucionalidad; la democracia y el estado de Derecho que se ven amenazados con la actual administración republicana, pero bueno…ese es un problema que ya le tocará únicamente a los norteamericanos resolverlo.

Lo que sí es perjudicial para el mundo, es el extremismo que representa la parodia de mandatario en la Casa Blanca. Un individuo de ultraderecha que vela por los intereses de los grupos conservadores y que mantiene una actitud retrógrada frente a los avances que el mundo intenta llevar a cabo.

Vemos que es un acérrimo detractor de las políticas ambientales, de la laicidad estatal y del derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos y la maternidad. Su administración le ha levantado la moral (si así se le puede llamar) a los supremacistas en EE. UU., lo cual ha incrementado los niveles de abuso policial hacia la población negra de ese país.

Por otra parte, su triunfo en el 2016 fue severamente cuestionado debido a la presunción de intromisión rusa en la campaña republicana y en el proceso electoral. Además de esto, desde un inicio el actual presidente estadounidense no ocultó su admiración por figuras autoritarias como Xi Jinping y Putin, destacando la forma de gobernar de éstos como ejemplar.

Atando cabos, en cuanto a política exterior, Trump a lo largo de los últimos cuatro años ha venido socavando las relaciones de alianza que históricamente los EE. UU. han mantenido con países de la OTAN, resultando favorecidos con esta división las potencias detractoras de la política estadounidense (Rusia y China).

En virtud de procurar los intereses geopolíticos del Kremlin, es que quizá la política de la Casa Blanca de cara a América Latina ha estado orientada en no ir más allá de pocas acciones; simples palabrerías y promesas que a la fecha no se han materializado.

Con una nueva administración, se espera que dicha política tome otro giro, uno que sea en aras de coadyuvar en el proceso de liberación de los tres países latinoamericanos actualmente sometidos a regímenes autoritarios e ilegítimos, donde el Poder Ejecutivo finalmente tome cartas en el asunto sin que únicamente sea el Legislativo el que ejerza presión.

Tratando de ser optimistas en cuanto al apoyo que podamos recibir de una eventual y nueva administración de los EE. UU., no olvidemos que el proceso de reconstrucción de Nicaragua nos corresponde únicamente a nosotros. Es nuestra responsabilidad más allá del apoyo o indolencia de otros Estados y de los organismos internacionales.  

¿Quitamos a Ortega o a la dictadura?

Quizá puede parecer cliché la expresión "un orteguismo sin Ortega", pero si nos detenemos a ver el panorama sociopolítico del país nos vamos a dar cuenta de que una buena parte de los principales actores de la oposición nos receta una continuidad del sistema, el cual está fundado sobre las bases del adultismo; racismo; clasismo y sobre todo el predominio de un muy, pero muy marcado machismo. Esto claro, en obediencia a los mandatos de las dos iglesias predominantes: la católica y la evangélica. 

El proceso para encarrilar al país sobre las vías de una auténtica y firme democracia tiene que iniciar por desmontar la idea de que el Estado tiene que ser confesional. La ciudadanía necesita aprender que las creencias encajan únicamente en el ámbito personal y que en ninguna forma éstas tienen que interferir en asuntos de orden público. 

¿Se imaginan cómo estaríamos si en vez de ver como tabú ciertos temas porque se contraponen con los prejuicios y dogmas religiosos, fuese mal visto trasladar las creencias de su ámbito subjetivo a algo que afecte al colectivo? Ciertamente, viviríamos en una sociedad más pluralista, dónde la libertad que tanto pregonamos no se quedaría en tan sólo la retórica, sino que pasaría a la práctica. 

Recordemos que vivimos en un país diverso en cuanto a etnias, costumbres, creencias, identidades, sexualidad y lenguas. Por tanto, todo intento de mantener la hegemonía de dogmas que limitan el modo de vivir de las y los nicaragüenses, sólo sería otra práctica más de autoritarismo. 

Sin duda, la rebelión de abril 2018 despertó grandes sentires en una población diezmada por un régimen que disfrazaba su corrupción descomunal e incapacidad de gobernar, bajo la fachada de una prosperidad ficticia, donde la bonanza pregonada en la propaganda oficial era repartida entre la élite conformada por la cúpula gubernamental y la Empresa Privada.

No obstante, a medida que los ánimos y las aguas se fueron calmando, cada uno comenzó a definirse. Así es como ahora se vislumbran aquellos que realmente están hartos de la dinámica podrida que le ha costado por décadas a este país desigualdad; guerras; hambre; miseria y atraso, como a los que únicamente les molesta la paupérrima imagen de la pareja dictatorial.

Éstos últimos son los que añoran y exaltan la imagen de un futuro caudillo (el cual tiene que ser indiscutiblemente un hombre) apegado a las tradiciones del pacífico neocolonial, de ultra derecha y que por supuesto sea heterosexual, con una esposa e hijos a los cuales presumir por su “simpática” figura clásica. Además de las características mencionadas de dicho caudillo, el prototipo de éste se perfecciona si es blanco y entrado en edad, de acuerdo con el estándar racista y adultista de quienes lo promueven.

Si queremos ponerle fin a este vergonzoso capítulo de los últimos trece años, comencemos por arrancar la maleza de raíz. Recordemos que sin este sistema pernicioso de cómo se ha configurado nuestra política, no habríamos tenido necesidad de soportar cuatro décadas de Somocismo y otras cuatro del FSLN. Ortega y su cónyuge, no son más que el producto de esta tradición heredada. Son dos oportunistas que supieron aprovechar esta peligrosísima debilidad de la sociedad nica.