Una "oposición" a la medida de la dictadura.

Las persecuciones a cualquier actividad que el régimen ortega-murillo considere una amenaza aparentemente están lejos de cesar. La represión no ha parado ni un solo día, quedando los derechos fundamentales como la libertad de expresión y movilización vulnerados de la manera más grotesca vista en las últimas décadas.

Pensar que un grupo de personas va a poder reunirse en un lugar céntrico para abordar la tan perseguida temática, parece un sueño inalcanzable y un eminente peligro ante la realidad que el país vive.

Ante tanta hostilidad estatal y un pasado que nos recuerda las prácticas desleales de las élites políticas, resulta curiosa la dinámica en que los grupos que integran la extinta Alianza Cívica y que en la actualidad delegan su participación política al partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), puedan festejar una campaña electoral de la forma en que todas y todos nos merecemos.

En la reciente conmemoración del tercer aniversario de la organización juvenil Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), se pudo ver el desborde de un buen patrocinio económico, en el que la mano del gran capital nicaragüense y ex socio de la dinastía ortega murillo estuvo implícitamente presente.

Por tanto, es de sobra sabido que el bloque que ahora maneja el virtual partido de oposición (CxL) se sostiene por el capital que aporta la oligarquía que conforma al COSEP. No obstante, llama seriamente la atención el discurso de los integrantes de dicha organización juvenil, no en sus alocuciones trilladas y carentes de práctica, sino en el llamado que hacen de ir a votar.

Con las recientes reformas que el régimen promulgó, prácticamente imposibilita la realización de los esperados comicios. Esto generó un rechazo popular, llegando a un consenso colectivo entre las agrupaciones opositoras y sociales acerca de la inexistente voluntad de la dictadura de convocar a un proceso electoral verdadero.

La primera reacción de la representante del denominado partido de oposición al conocer sobre dichas reformas, fue de aparente rechazo. Tal reacción careció por sí de credibilidad, dado el historial de dicho partido, el cual deliberadamente participó en todos los circos electores montados por el régimen.

Con las declaraciones hechas por Max Jerez, presidente de la agrupación juvenil, se dilucida la voluntad de esta alianza y las cosas van cayendo por su propio peso, pues en pocas palabras, están preparando el terreno de cara a la población para participar ante unos ficticios comicios, hechos a la medida de ortega y murillo.

No es de extrañarse si doña Kitty, desempolva el argumento de ir al circo de noviembre “para que no les quiten su casilla y personería jurídica”, de la manera en que lo hace el PLC, partido conservador y demás criaturas de la creación de El Carmen.

Catorce años de radicalización neoliberal

Durante los 16 años previos al retorno del frente sandinista al poder, el partido de ortega se vendió como una oposición garante de las políticas de interés social. 

Las protestas por mantener el 6% a la educación superior, la tarifa de los 2.50 del pasaje de bus; entre otras demandas, fueron a la larga una inversión a favor del secretario eterno del actual partido de gobierno. 

Ante el desinterés de los tres gobiernos anteriores al de Ortega y Murillo por mantener las pocas políticas sociales, la campaña electoral sandinista giró en torno a la reivindicación del bien común.

Para muchos exsimpatizantes del fsln, el partido de ortega era una cosa totalmente distinta de oposición a como lo es en el poder. Aquellos aparentemente fervientes cuestionamientos al sistema neoliberal que desde el gobierno de Violeta Barrios se pretendía instaurar en el Estado, quedaron en las crónicas de un pasado inverosímil ante el contraste de un autócrata que ha enriquecido ilícitamente a su cúpula a costa de una población sumida en una miseria descomunal. 

Desde enero de 2007, ortega puso como prioridad en su agenda la promesa que le hizo a la oligarquía nicaragüense de trabajar en conjunto, lo cual se traduce en enriquecerse conjuntamente utilizando los mecanismos de Estado.

A partir de entonces, las inversiones estatales fueron orientadas a la satisfacción financiera de la ahora élite económica conformada por la cúpula sandinista y la burguesía tradicional. 

Aquello que debía estar controlado por el Estado, fue delegado a manos privadas. Un ejemplo de ello es el suministro de medicamentos al INSS, donde el proveedor principal es el laboratorio Ramos, empresa señalada de pertenecer a Gustavo Porras.

Dentro de la inmensísima lista de transacciones turbias del Estado con el capital privado, está el monopolio del Banco de la Producción (Banpro) en la recaudación y administración de pagos al Estado, las constructoras a cargo de las obras públicas: parques, carreteras, pasos a desnivel, etc.

Cabe destacar, que los acuerdos entre el régimen Ortega-Murillo y socios han sido en violación a la ley 737: Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público. Un punto medular en estos acuerdos fraudulentos ha sido la carencia de licitaciones públicas. 

Esto ha permitido a las empresas contratadas inflar los cobros y no responder por la mala calidad de los servicios prestados, dejando a merced de sus fechorías a una población carente de un Estado que vele por su ciudadanía. 

Desgraciadamente, el fortalecimiento del modelo neoliberal en el país ha incidido en las proyecciones individuales de la juventud. Tanto así, que las carreras más cotizadas son las económicas y algunas ingenierías. Esto obedece a la idea de que tales profesiones prometen una mayor competitividad en un mundo laboral cada vez más demandante, dejando a un lado las carreras de humanidades.

Otro rasgo despiadado de la dictadura ha sido la obediencia que ésta le ha tenido a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, las cuales se refieren al recorte estatal del gasto social. Dichas recomendaciones han sido aplicadas especialmente a sectores como la educación y la salud pública.

Ni qué decir acerca de la difícil realidad de los asalariados, donde las empresas gozan de impunidad si de violar los derechos laborales se trata, donde el derecho constitucional de formar o adherirse a sindicatos está vetado y en el cual hay plena complicidad estatal con los atropellos que maquilas contemporáneas como los call centers cometen contra sus trabajadores.

Tampoco podemos pasar por alto el más reciente golpe de la dictadura cometido contra la población: la cuasi privatización del agua, un Bien que hasta ahora estuvo administrado por el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), pero que ahora pasará a manos de la “autoridad nacional del agua”, una entidad con una trayectoria de cuestionamientos. Se prevé que esta sea la ruta para la privatización del suministro del vital líquido.

La lista de casos en que el modelo neoliberal del régimen Ortega-Murillo ha sido instaurado y fortalecido día a día, es demasiado extensa para detallarla en este blog, pero es indudable que el Estado en la última década ha delegado sus funciones a entidades privadas que son lucrativas y corruptas como CARUNA, ALBANISA, etc.