Ortega-Murillo buscando a quién responsabilizar por su calamidad

Tomada de: https://100noticias.com.ni/nacionales/104407-daniel-ortega-consuma-confiscacion-a-100-noticias/

Desde la vergonzosa época de los años 80, el país no había vivido la pesadilla del irrespeto a la propiedad privada, donde el Estado actuando como testaferro de la élite gobernante, despojaba a su antojo a quienes quería de sus bienes hasta consolidar el robo con la famosa piñata de 1990.

En la actual coyuntura, queda evidenciada la vulnerabilidad del patrimonio de quienes habitan en Nicaragua. Violando la legislación nacional y los Instrumentos Jurídicos internacionales de los cuales el Estado de Nicaragua es parte. A partir del 2018, la familia Ortega Murillo ha venido emprendiendo una descarada usurpación de la propiedad privada a través de los aparatos de un Estado controlado absolutamente por el frente sandinista. 

No serán suficientes las veces que haya que recordar cómo el régimen, sin ningún asidero legal, confiscó sin reparo alguno las instalaciones de 100% Noticias; Confidencial; CISAS; el CENIDH y Popolna.

El más reciente arrebato de la tiranía ha sido la declaración de que dichas instalaciones ahora son propiedad del Estado y están asignadas al ministerio de salud. Este acto aparentemente surge como respuesta a la inclusión de tres operados orteguistas, siendo dos de ellos fichas claves del FSLN para desmontar la institucionalidad estatal: el designado diputado Wálmaro Gutiérrez y el perpetuo magistrado de la Corte Suprema, Marvin Aguilar.

En este sentido, es válido plantearse ¿Por qué todas las instalaciones robadas o al menos las más sonadas, están ahora adjudicadas al MINSA? ¿Qué pretende la pareja dictatorial con esto?

Ante el mal cálculo político que dicha pareja ha demostrado tener ante los acontecimientos devenidos de la insurrección de abril, no hay que descartar la posibilidad que el régimen busca una repercusión internacional que recaiga sobre dicho ministerio. Esto podría acarrear un empeoramiento en la ya precaria atención pública de la salud.

Probablemente, la pareja apuesta a la demagogia usada por el régimen castrista y de Venezuela, donde el Estado no provee la atención debida, inclusive para pacientes con enfermedades crónicas y terminales, debido al “bloqueo y sanciones” aplicadas a dictaduras que no cesan de trillar sus discursos anacrónicos de la guerra fría, pues es el único recurso con el que creen poder justificar su incapacidad de gobernar.  

De ser cierto, la población que no puede costearse por sus medios la atención en salud sería el chivo expiatorio de este plan macabro al que el orteguismo ha demostrado estar dispuesto, dado su insaciable afán de mantener el poder y el desprecio que tiene sobre las y los nicaragüenses.

Aunque el camino hacia la salida de la dictadura se vea desalentador, toca continuar resistiendo desde los espacios posibles; presionando en las medidas alcanzables por el rechazo internacional hacia un desgobierno verdugo de su propio país.