La niñez desalojada en Nicaragua

Imagen tomada de: https://www.laprensa.com.ni/2016/06/15/nacionales/2052110-trabajo-infantil-sigue-siendo-una-pesadilla-nicaragua

Cuando el Estado abandona su obligación de garantizar la satisfacción de los derechos consagrados en la Constitución, las iniciativas son tomadas por la sociedad civil. Tal es el caso del desarrollo integral de la niñez y adolescencia, un tema al que la dictadura Ortega Murillo ha vuelto la cara hacia otro lado. 

Hay situaciones en que la realidad es tan palpable, que los datos numéricos vienen a ser una mera formalidad. Tal es el caso del aumento de niñas; niños y adolescentes en las calles pidiendo, limpiando vidrios en los semáforos; haciendo acrobacias; entre otras formas de explotación que comprometen su integridad física y sano desarrollo. 

Aún con los esfuerzos de los pocos albergues del país en resguardar a este sector vulnerable de la población, el número de niños y adolescentes en las calles ha venido ascendiendo drásticamente en la última década.

En un país tan empobrecido como Nicaragua, la manutención de albergues y centros de acogida ha venido de fondos de la cooperación internacional, en su mayoría y otra parte de la voluntad privada de la sociedad. Esto viene a reafirmar la negativa gubernamental en responsabilizarse al respecto.

En ciertos países como los Estados Unidos, el Estado designa un presupuesto a los centros de acogida, ya que la responsabilidad tutelar de menores en desamparo es delegada a entidades privadas. En Nicaragua, además de que el Estado se ha desobligado en absoluto al respecto, el nominal ministerio de la familia se encarga de ejercer las tres funciones delegadas por el frente sandinista: ser un brazo represor más; garantizar prebendas a su estructura burocrática y adornar altares y nacimientos en diciembre.

En el último trimestre, la ofensiva contra las ONG se ha intensificado, donde en el último mes el blanco son los albergues infantojuveniles. Los ataques hacia estas entidades han sido bajo el argumento del retorno de los beneficiarios a sus hogares.

Sin duda, la razón de la clausura por parte de la dictadura hacia los centros no tiene ni pie ni cabeza (aparentemente), lo cual deja mucho qué pensar respecto al impacto que esto va a generar. Al respecto, conviene recordar que encima de la crisis sociopolítica; la pandemia del COVID-19 y los desastres naturales, el país se está enfrentando a una ola de desapariciones de niñas y mujeres. Esto deja qué pensar acerca del futuro de las personas que quedarán fuera de la protección de los centros. Por un lado, las víctimas, volverán al entorno de violencia y abuso de donde habían logrado salir; volverán a la calle, expuestas los riesgos que ésta acarrea para una persona menor de edad: drogas; delincuencia juvenil y explotación sexual.

Por tanto, armando las piezas de este trágico rompecabezas, se encuentran dos supuestos que van de la mano: aumento en el número de desapariciones y mayor número de niños; niñas y adolescentes en la calle producto de los mencionados cierres. Deliberadamente o no, la situación va a representar el panorama más favorecedor para las redes de trata de personas. Este contexto, sumado a la ausencia de una autoridad que prevenga y persiga al crimen, hacen la combinación ideal para que las organizaciones criminales tengan luz verde.